Preocupa más a Pavlovich Arellano quema de auto de funcionaria que caso ABC

Jesús Ortega/DossierPolítico
Preocupa más a Pavlovich Arellano quema de auto de funcionaria que caso ABC

Indignados, familiares de niños que perdieron la vida en la tragedia del pasado 5 de junio del 2009 exponen que hasta la misma gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha expresado que utilizará todos los recursos para investigar lo que provocó el incendio de la unidad automotriz y nada ha hecho por el reclamo añejo de justicia para las víctimas de la Guardería ABC…

Hermosillo, Sonora (DP).- El incendio o quema de un automóvil propiedad de la madre la titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado, si fue provocado o accidental, es un caso que ocupa más a la autoridad estatal actual que el mismo incendio de la Guardería ABC.

 

Indignados, familiares de niños que perdieron la vida en la tragedia del pasado 5 de junio del 2009 exponen que hasta la misma gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha expresado que utilizará todos los recursos para investigar lo que provocó el incendio de la unidad automotriz y nada ha hecho por el reclamo añejo de justicia para las víctimas de la Guardería ABC.

 

Hacen referencia a que derivado del siniestro, se realizaron dos peritajes para determinar la causa y se pretendido politizar el caso con notas que se publican en medios nacionales y locales que precisan que los hechos se registraron en Navojoa, “con un gobierno panista”.

 

Además, que los peritajes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Municipal se contraponen pues el primero, realizado por el Departamento de Bomberos indica que fue por una falla mecánica mientras que la UEPC, establecen que fue por la existencia de “algún tipo de acelerante de la combustión”.

 

Bomberos de Navojoa sostienen que “se determina que por las características de patrón de daños, el fuego empezó en la parte frontal del vehículo causado por una falla eléctrica".

 

En tanto, el peritaje de la Unidad Estatal de Protección Civil realizado por la empresa Maga Consultores, señala que “se puede determinar que el incendio sea por un acto deliberado o de intervención humana, toda vez que las evidencias, rastros, indicios o signos característicos propios del incendio con la aplicación de algún tipo de acelerante de la combustión".

 

El primero de septiembre del 2014, el periodista y Jefe de Información de Dossier Político, Alejandro Matty Ortega, consignó en un amplio reportaje que con la revelación de nuevos videos que hacen más evidente la tesis de que el incendio de la Guardería ABC fue provocado, la Procuraduría General de la República está más obligada que nunca a informar qué es lo que está haciendo.

 

Entrevistado por Dossier Político vía telefónica, Julio César Márquez Ortiz dijo conocer los videos publicados por la Reporte Índigo en donde tres personas señalan a Juan Carlos Lam, secretario técnico de la administración de Eduardo Bours Castelo, como autor intelectual del incendio de la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la Guardería ABC.

 

El padre del pequeño Yeyé, asegura a DP que estás evidencias son impactantes sobre todos para los deudos y podrían ser prueba contundente para determinar si hubo intención de provocar el incendio; esto obliga a la PGR a que informe si “tiene conocimiento de estos testimonios, quisiera que informara, qué hizo, qué está haciendo y qué hará al respecto”.

 

En su momento, la PGR fue omisa en aclarar estás situaciones que ahora se aprecian en el video, sobre todo cuando se mencionó el nombre de Juan Carlos Lam no dijo nada, por ello, Márquez Ortiz pide a la encargada de la procuración de justicia a nivel federal que las declaraciones contra el ex funcionario no queden en “dimes y diretes”, porque al parecer se desestimaron esas pruebas.

 

Independientemente de cuál haya sido la causa del incendio, tienen responsabilidad otras personas ya que el incendio puso al descubierto la irresponsabilidad y la negligencia de los dueños de la Guardería, de funcionarios del IMSS y del Gobierno del Estado, más allá de cuáles hayan sido las causas, consideró el padre de Yeyé.

 

En el video aparecen Santiago Alonso Lugo Carrasco, Aarón Alberto Fierro Ruiz y Eimy Yuvicela Olivas Díaz, quienes aseguran que todo sucedió por la orden que Carlos Lam Félix, entonces secretario técnico de Bours, quien encargó el trabajo a sus colaboradores más cercanos.

 

La bodega

 

El pasado 26 de junio del 2009, a las 12:00 horas, los empleados de Hacienda fueron notificados de su suspensión para abrirles proceso penal por los hechos registrados el 5 de junio, por haber estado presentes en la bodega al momento de que inició el incendio que a la postre, se propagó a la Guardería ABC.

 

El 29 de junio, el juez Octavo Penal, Rafael Castillón Gracia, reveló a Dossier Político que dictó el auto de formal prisión a Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.

 

Con la figura de “responsable solidario”, el Gobierno del Estado con base en el Artículo 349 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, el Juzgado Octavo otorgó la libertad bajo caución a los siete empleados de la Secretaría de Finanzas, debido a que el Estado actuó como obligado subsidiario.

 

El Juez Castillón explicó a DP que en base al Artículo 349 del citado Código, la Ley establece que el Estado, como responsable solidario, está facultado para intervenir a favor de los trabajadores en la nómina del Gobierno estatal.

 

La fianza fijada y cubierta de 20 mil pesos fue en base al Artículo 2086 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual contempla la figura de las obligaciones de los citados para garantizar la reparación del daño en esta materia.

 

Es decir, los cargos que enfrentan los procesados son por homicidio culposo y lesiones, delitos considerados no calificados o dolosos.

 

Así, la figura de la fianza es utilizada y precisa que la defensa presentó como garantía y argumento para la liberación de los funcionarios, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que expone el decreto mediante el cual se crea un fondo de 67 millones 100 mil pesos para cubrir, de acuerdo a la Ley, los gastos previstos en el litigio.

 

La Guardería ABC inició operaciones el 6 de agosto del 2001 bajo el esquema de subrogación a particulares y fue renovado el 29 de diciembre de 2006 por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, con vigencia hasta diciembre de 2009.

 

La Guardería ABC se instaló primero que la bodega estatal ya que el contrato de arrendamiento de la bodega fue avalado el 14 de febrero de 2002, siendo la última renovación el 1 de enero de 2009 con vigencia al 31 de diciembre, donde el Gobierno del Estado se compromete a pagar 41 mil 337.29 pesos mensuales.

 

En ese entonces, firmaron sus propietarios María Esmeralda Matiella Mendoza y/o José Manuel Matiella Urquídez y por el entonces director Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y el coordinador Estatal de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Ramírez.

 

En la Cláusula 4ª del Contrato se especificó que su uso sería exclusivo para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, por lo que hasta ahora, todo indica que el Gobierno del Estado es el responsable directo de la tragedia del 5 de junio.

 

El Caso ABC evidencia las claras muestras de tráfico de influencia y relaciones interpersonales que expresan de facto la corrupción que por décadas ha permeado entre quienes deben aplicar la Ley y los grupos de poder que cogobiernan a una sociedad que aún no ha mostrado abiertamente su hartazgo en las calles y plazas del País a plenitud.

 

La conjugación del dolor y la búsqueda de justicia de los afectados aún no han podido encontrar coincidencias y no las habrá, mientras medien intereses personales y económicos entre los corresponsables de la muerte de 49 niños y quienes sólo adornan las oficinas de los Juzgados Penales, Civiles y de las Procuradurías existentes.

 

Ahora bien, políticos de todos los partidos políticos nada han hecho para ayudar a las familias en duelo, sólo se han prendido como buitres del dolor ajeno y se han aprovechado para salir en la foto en contubernio con periodistas que prostituyen la sagrada profesión de informar.

 

En agosto del 2013, un juez federal revocó la exoneración que la PGR había hecho a favor de Juan Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours Castelo y Ernesto Vargas Gaytán sobre su responsabilidad en la tragedia de la Guardería ABC por lo que enfrentarán cargos por lo ocurrido el pasado 5 de junio del 2009.

 

Con esta nueva resolución judicial, los ex directores generales del IMSS, el ex gobernador de Sonora y el ex secretario de Hacienda de Sonora en tiempos del incendio de la instancia infantil en Hermosillo, serán consignados, enfrentarán cargos y estarán a disposición de los Juzgados Federales a petición de los padres de los 49 niños que murieron y los 76 lesionados.

 

La resolución del juez en poder de Dossier Político, describe que “sin embargo, como bien apuntan las quejosas, la resolución que se reclama a través del presente juicio de amparo y cuya parte considerativa y resolutiva ha quedado literalmente transcrita, no contiene el análisis de los argumentos que las ofendidas, ahora quejosas, expresaron mediante su escrito de inconformidad, ni las respuestas dadas a los planteamientos hechos en tal escrito”.

 

En la exposición de motivos, el juez expone que “para afirmar lo anterior, basta con enunciar que las quejosas en su escrito de inconformidad, sostuvieron que la responsable para llegar a la determinación de autorizar el no ejercicio de la acción penal, no tomó en consideración para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de Juan Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam Toumeh, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Ernesto Vargas Gaytán, lo siguiente:

 

La declaración preparatoria rendida por Arturo César Leyva Lizárraga, quien el 5 de julio del 2009 era delegado federal en Sonora del IMSS, misma que obra en los procesos penales números 126/2009 y 188/2009 (sic) del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora en la que señaló:

 

“Que la firma de la renovación del contrato de subrogación de guardería a favor de la Guardería ABC S. C., de 29 de diciembre del 2009, se habría dado como consecuencia de una instrucción directa por parte del Director General del IMSS, en este caso del señor Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien ordenó el otorgamiento para la renovación del contrato de subrogación del servicio de guardería a favor de la Guardería ABC, S. C.”.

 

Nueva investigación: PGR

 

El 7 de julio del 2013, Dossier Político publicó que Renato Sales Heredia, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, aseguró el 5 de junio a Grupo Fórmula que el próximo viernes 5 de julio la PGR definirá el origen y si el incendio que provocó la tragedia de la Guardería ABC fue intencional.

 

En junio, Grupo Fórmula publicó que Sales Heredia precisó que la línea de investigación que sigue la PGR es la relacionada con la posibilidad de que en la bodega de Hacienda estatal se haya pretendido quemar documentación relacionada con gastos y deudas del Plan Sonora Proyecta (PSP).

 

“Nunca se ha cerrado, están en proceso 22 personas por delitos diversos (…), pero las averiguaciones hasta que no se ejecutó en un asunto pueden mantenerse vivas, el punto es que el 23 de abril de 2013, el licenciado Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos Unidas por Nuestros Niños presenta, se inicia una averiguación previa, una acusación relacionada con una línea de investigación diversa vinculado con la posibilidad de que el incendio fuera provocado para eliminar la documentación”, detalló el fiscal.

 

Además, el funcionario de la PGR detalló que “10 mil millones de pesos efectivamente relacionados con infraestructura carretera y otros temas. Lo que se plantea aquí es que el incendio es doloso provocado para eliminar esta documentación; pruebas de un presunto fraude”.

 

Y en memoria de los 49 niños fallecidos y más de 70 lesionados, lo mínimo a realizar, agregó, Renato Sales en entrevista con Oscar Mario Beteta, es una investigación exhaustiva en cuanto a un incendio provocado en la Guardería ABC.

 

“Estamos trabajando precisamente en eso, vamos a revisar toda la averiguación (…) relacionada específicamente con el origen del incendio con la bodega rentada por la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora”, dijo Sales Hererdia al periodista Beteta.

 

“Hay que indagar precisamente en relación con esta afirmación, ver si contamos con el material suficiente para probar que el incendio fue doloso y revisar todo el material que existe en la indagatoria (…); hay un dictamen pericial, por ejemplo, en materia de incendios y explosivos que señala que éste fue provocado, que se provocó directamente con algún encendedor o con algún cerillo a partir de la presencia de turbosina”, expuso el Subprocurador de la República.

 

Las 50 diligencias

 

El pasado 15 de julio del 2013 mediante un comunicado, la PGR informó que La Procuraduría General de la República, (PGR), informó que se han practicado más de 50 nuevas diligencias en el caso de la Guardería ABC y se ha retomado para su investigación el homicidio de quien fuera chofer de Juan Carlos Lam, ex funcionario del gobierno de Eduardo Bours.

 

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, indicó que se avanza en las investigaciones con el fin de esclarecer la tragedia de la guardería de Hermosillo, donde fallecieron 43 niños y niñas; además que se han practicado más de 50 nuevas diligencias y se inició Averiguación Previa el 23 de abril de 2013, ante denuncia de integrantes del grupo “Manos Unidas por Nuestros Niños”.

 

Explicó que se inició una averiguación Previa respecto del incendio suscitado el 5 de junio del 2009 en una bodega y que se propago a la Guardería ABC, ante la denuncia presentada por dicho grupo de padres afectados.

 

Renato Sales, dijo que se trabaja en la nueva línea de investigación que se deriva de dicha denuncia, así como también se atrajo el homicidio de Carlos López quien fuera chofer del ex secretario técnico del gobierno de Eduardo Bours.

 

Reiteró que es interés del Gobierno de la República, que se agoten todas las líneas de investigación ante el lamentable hecho, a fin de esclarecer plenamente las causas y sancionar a los culpables.

 

Entre las diligencias practicadas, explicó, se han tomado declaraciones ministeriales a diversas personas en calidad de testigos, se han recepcionado solicitudes de personas que quieren coadyuvar en la investigación porque fueron testigos oculares de los hechos; asimismo, que se han realizado comparecencias ministeriales, se han recibido respuestas a solicitudes de información a diferentes dependencias tanto del gobierno estatal como municipal.

 

Las evidencias

 

El pasado 20 de mayo, Dossier Político publicó que padres que perdieron a sus hijos en la tragedia del 5 de junio entregaron nueva evidencia a la Procuraduría General de la República donde establecen que Carlos Andrés López Meza, quien fue asesinado 2 meses después, y tres trabajadores más, provocaron el incendio de la Guardería ABC al pretender desaparecer evidencia de la deuda contraída por el ex gobernador Eduardo Bours Castelo para las obras del PSP.

 

Integrantes de “Manos Unidas por Nuestros Niños” presentaron una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República que viene a dar un vuelco en las investigaciones sobre la tragedia del pasado 5 de junio del 2009, al afirmar que el incendio en la bodega de Hacienda fue provocado personas al servicio del guardaespaldas de Juan Carlos Lam, ex secretario Técnico de Eduardo Bours quien presuntamente tenía la orden de quemar registros sobre la deuda contraída en el Plan Sonora Proyecta.

 

La aseveración hecha llegar a la PGR, da un giro trascendental en el ominoso expediente ABC donde la impunidad ha sido la constante en las instancias de procuración e impartición de justicia en México, lo que ha evidenciado una terrible falla sistémica del Poder Judicial el Estado Mexicano.

 

Encabezados por el representante legal, Gabriel Alvarado y las señoras Juana Luna y Julia Escalante, el grupo se presentó a las oficinas centrales de la PGR de la capital del país a fin de aportar nuevos los elementos donde exponen la participación de “tres personas sospechosas”, llamadas telefónicas y testimonios de vecinos que refuerzan los resultados del primer peritaje que afirma que el incendio “fue provocado por la mano del hombre”.

 

El comunicado

 

A través de un comunicado, “Manos Unidas” informó que “se ha entregado a la Procuraduría General de la República un documento en el que se establece que conforme a diversos datos recientemente obtenidos, el incendio en el que murieron nuestros hijos fue

 

Intencionalmente provocado con la finalidad de destruir documentación relacionada con la supuesta deuda de 10 mil millones de pesos generada en el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours Castelo en la aplicación de su programa de obras llamado Plan Sonora”.

 

Asimismo se sabe que esta acción fue llevada a cabo por tres personas comandadas por el de nombre Carlos Andrés López Meza, quien trabajaba como chofer y guardaespaldas personal del señor Juan Carlos Lam Félix, quien a su vez ostentaba el cargo de Secretario Técnico del ex gobernador Eduardo Bours Castelo.

 

Casualmente a dos meses del incendio, Carlos Andrés López Meza fue encontrado muerto de nueve impactos de bala y a decir de su viuda no se ha dado a conocer el resultado de la investigación, seguramente afirma, porque no se ha investigado nada a pesar de que trabajaba como escolta de una persona que ostentaba en su tiempo uno de los más altos cargos en el Gobierno del Estado de Sonora.

 

Sabemos de la cercanía del señor Juan Carlos Lam Félix con el señor Eduardo Bours Castelo y no creemos que el ex gobernador haya tenido algo que ver en todo esto, por ello estamos seguros que él será el primer sorprendido ante este hallazgo, y no usara su poder económico ni el de su grupo político para obstruir la justicia.

 

Esperamos que el Presidente Enrique Peña Nieto cumpla su palabra y no le tiemble la mano en investigar la verdad, caiga quien caiga y los involucrados en estos muy lamentables hechos sean sometidos a la acción de la justicia, sin importar su condición política, económica o social.

 

Es fundamental que el nuevo Gobierno Federal haga efectivo su principal postulado y de la seguridad de que nada ni nadie estará por encima de la Ley.

 

Atentamente:

 

Manos Unidas por Nuestros Niños

 

“No había papeles del PSP”: Abel Murrieta

 

En respuesta, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez y ex procurador de Sonora en tiempos de la tragedia que enlutó a México, aseguró que en la bodega sólo había placas, “el estudio de peritos externos dice que fue un accidente el incendio de la Guardería ABC y no fue provocado”.

 

Murrieta Gutiérrez quien el lunes 8 de junio aseveró que el origen del incendio en la Guardería ABC fue producto de un cortocircuito en uno de los coolers de la instancia infantil, afirmó que él sólo duró 15 días con la investigación y el nombre de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam, no salió en las investigaciones, “si yo hice algo u omití algo no fue intencional”, manifestó Abel Murrieta.

 

Difícil establecer el origen del incendio en la Guardería ABC después de que la denominada “Zona Cero” ha sido contaminada por decenas cientos de personas que ingresaron desde el pasado 5 de junio hasta la llegada de los peritos internacionales de la The McMullen Company.

 

A sólo dos días de los lamentables acontecimientos ya se hablaba de un corto circuito o calentamiento del motor de un “cooler” como la causa probable del fuego, hipótesis respaldadas por los entonces titulares de la PGJE y PGR, Abel Murrieta Gutiérrez y el delegado Juan de Dios Godoy.

 

El pasado lunes 8 de junio del 2009 y apoyados en fotografías y gráficas en tercera dimensión sobre la manera en que se dieron los hechos, los funcionarios públicos le presentaron a los medios de comunicación los avances que se tenían y hacia dónde apuntaban las investigaciones sobre el origen del siniestro.

 

“Una de las hipótesis es el calentamiento del motor del “cooler” que haya generado el derretimiento de sus partes y caído sobre la papelería que se encontraba en el lugar iniciando el fuego, esta es la teoría más acertada que han encontrado; la otra pudiera ser las deficiencias en las instalaciones eléctricas para operar el cooler”.

 

En ese entonces, el Procurador hablaba de que “de acuerdo a las primeras investigaciones, se desprende que el fuego inició en el almacén ubicado en la parte central de una bodega del Gobierno del Estado donde se encontraba papelería diversa, estantes y placas de automóviles”.

 

“Al ser sólo una construcción y estar una pared o muro divisorio entre el almacén y la guardería, cuyo techo es de estructura metálica y revertido con poliuretano espriado, provocó que el fuego se esparciera más rápidamente sobre el inmueble, “sabemos que el punto o inicio del fuego fue el almacén de la parte media de la construcción”.

 

Los incendios de Hacienda

 

 En su momento, el dirigente del PRD nacional, Jesús Zambrano Grijalva, los incendios registrados en las bodegas que ha utilizado el Gobierno del Estado para albergar documentación y placas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda Estatal, deben ser investigados y aclarados por las autoridades.

 

 El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que “estos hechos deben ser aclarados, la Procuraduría debe ir al fondo de estas acciones que resultan extrañas, es demasiada coincidencia que en tiempos distintos suceda lo mismo es las bodegas donde se tiene bajo resguardo documentación importante del Gobierno del Estado”.

 

Dossier Político publicó el artículo “Los incendios de Hacienda” donde se detalló que el pasado 29 de septiembre de año 2002, bajo la administración del ex gobernador de Sonora, Armando López Nogales, un incendio consumió la bodega de la Secretaría de Finanzas del Estado, la cual se ubicaba en el kilómetro 1.3 del bulevar García Morales.

 

 Informes obtenidos por Dossier Político indican que la tarde de ese último domingo del mes, el fuego arrasó centenares de cajas foliadas que contenían documentos oficiales como facturas y papelería varia, además mobiliario y equipo de oficina; por fortuna, en el hecho no resultaron personas lesionadas ni víctimas qué lamentar.

 

A más de 10 años de ese incidente, ninguna autoridad estatal ha dado explicación alguna sobre lo ocurrido ese 29 de septiembre del 2002 ni sobre el material siniestrado; menos aún, de peritajes que establezcan un posible accidente o más aún, si intervino la voluntad humana.

 

Derivado de la destrucción del inmueble por incendio, el Gobierno del Estado determinó reubicar la sede de la Secretaría de Finanzas (Hacienda Estatal) a la nave industrial ubicada en la calle Ferrocarrileros y Vaqueros, de la colonia Y Griega, de Hermosillo, Sonora.

 

La bodega de resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, era la función del inmueble rentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

 

De acuerdo al contrato de arrendamiento, ambas partes estuvieron de acuerdo en el uso que se le daría a la bodega localizada en calle Ferrocarrileros, entre Mecánicos y Vaqueros de la colonia “Y Griega”, contigua a la Guardería ABC subrogada por el IMSS.

 

En la declaración Quinta (V) del documento (contrato), se especifica que la bodega se utilizaría para desarrollar actividades y objetivos que tiene a su cargo la Dirección General de Recaudación.

 

“Declara -el arrendatario- que está de acuerdo en rentar el inmueble que se detalla, el cual se utilizará para la instalación de bodega de resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, mismo que se utilizará para desarrollar las actividades y objetivos que tiene a su cargo esta dependencia de acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal”

 

Además de lo anterior y de acuerdo al mismo documento, ambas partes convinieron en que el monto mensual de la renta sería por la cantidad de $41 mil 337.29 pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la retención del 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

 

El Código Civil para el Estado de Sonora en su Artículo 2695, Fracción III, establece como obligación del arrendatario: “Servirse de la cosa solamente para uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de ella”, (en este caso, bodega)

 

En su oportunidad el entonces procurador Abel Murrieta Gutiérrez, informó que de acuerdo a la investigación, al interior de la bodega se encontró documentación relacionada con vehículos que tenían poco movimiento, así como placas de circulación y tres vehículos, dos en calidad de resguardo y uno más que era utilizado para las actividades propias del inmueble.

 

De las investigaciones realizadas por la Comisión Especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avalan la teoría del “cooler”, se desprenden las responsabilidades del Gobierno del Estado por la renta de la bodega donde presumiblemente inició el fuego que ocasionó la tragedia.

 

El documento publicado por la Suprema Corte establece las siguientes conclusiones:

Quinta: El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

 

Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la Comisión Investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como “cooler&a

Comentarios